Datos de la cámara del sector muestran que lejos de rebotar la actividad continuó hundiéndose. Se suma a datos malos de la industria en general durante mayo.
La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Guillermo Loyola, e impuesta ayer por la jueza Cristina Fortunato en una audiencia realizada en los tribunales rafaelinos. El imputado tiene 62 años, sus iniciales son MAO y es oriundo de la provincia de Buenos Aires. Las maniobras defraudatorias provocaron un perjuicio económico por un total de 172.000.000 de pesos, aproximadamente.
“Queremos poner en marcha la maquinaria de la obra pública, porque tiene que ver con la generación de empleo”, destacó el gobernador Pullaro al firmar el convenio con el intendente local, Alberto Ricci.
La policía israelí informó que “numerosos policías y especialistas de desactivación de explosivos llegaron al lugar y se ocupan de la situación”; el ejército investiga si se trata de un drone